sábado, 30 de agosto de 2008

¿Quién abrasó Los Chorreones?




El Mundo, 28 de Diciembre de 1.997
DESASTRE ECOLOGICO
¿Quién abrasó Yeste?

Cómo se produjo el mayor incendio de Castilla-La Mancha y a quién benefició.


La Justicia no pudo encontrar al autor de la mayor tragedia ecológica de Castilla-La Mancha: el incendio de Yeste. Los ecologistas, con Greenpeace a la cabeza, quieren ahora reabrir el caso.

El vigilante fijo de Las Fresnedas dio la voz de alarma a las cinco y media de la tarde. Cuatro fuegos simultáneos habían empezado a devorar el municipio albaceteño de Yeste. Era el 7 de agosto de 1994. Ocho días después, el incendio pudo ser extinguido. Ardieron 14.284 hectáreas, cerca de 1.300 personas tuvieron que ser evacuadas de 20 pequeñas poblaciones y un hombre, Antonio Elbal, murió defendiendo de las llamas su pequeña tierra de labor. Se había consumado la mayor tragedia ecológica de la historia de Castilla-La Mancha.


«El incendio ha sido provocado», afirmaba en un informe confidencial el delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades, José Luis del Río, «con gran organización y previsiblemente preparado desde meses antes». Entre sus conclusiones, destacaba que los pirómanos esperaron a que cambiara la dirección del viento para favorecer el avance del fuego en el sentido adecuado. CRONICA ha tenido acceso a la investigación judicial del incendio y ha reconstruido el suceso a partir de los testimonios de mayor relevancia.

Edmundo Alfaro Villén pertenecía a una familia de rancio abolengo. Su abuelo, diputado de la derecha más ultramontana en la II República y fuente de inspiración de uno de los personajes de Señas de identidad, la obra de Juan Goytisolo, había muerto al inicio de la Guerra Civil a manos de los republicanos. Era el cacique de Yeste y su nieto había seguido sus pasos.

Alfaro, ultraderechista al que se llegó a relacionar con la financiación de la intentona golpista del 23-F, había protagonizado uno de los escándalos financieros más sonados de la Transición: la quiebra de Fidecaya, una entidad en la que habían depositado sus ahorros 250.000 personas.

El caso había arruinado la reputación empresarial de Alfaro, un hombre que se paseaba por España en avioneta particular y en Rolls Royce. En 1994, Edmundo fijó sus ojos en Yeste y se propuso recomprar lo que antes había pertenecido a su familia.

Antes del verano, contactó con un ex empleado de Fidecaya en el pueblo, conocido suyo de la infancia, Marcelino Celedonio Sánchez-Ramal, reputado corredor de fincas de la zona. Alfaro quería comprar todas las propiedades que se pusieran a la venta. Primero, antes del incendio, adquirió una finca denominada La Torre, que le había sido embargada cuando su emporio financiero se fue al garete; durante el incendio y, con posterioridad -como se verá más adelante- adquirió otras propiedades.

La venta definitiva de La Torre se pactaba en Madrid el día 9 de agosto, cuando los montes de Yeste llevaban dos días ardiendo y se elevaba a escritura a finales de septiembre de ese año. En su declaración judicial, el corredor aseguró que había advertido a Alfaro que la finca estaba en llamas para que rebajara su oferta y que, pese a ello, el trato se cerró a precio de verde en «195 ó 196 millones de pesetas». La realidad, según ha confirmado este diario, es que el precio final fue de 111,2 millones, de los que 106,2 correspondían a hipotecas que Alfaro se comprometía a hacer frente.
No se trataba de un incendio normal. El día 7 habían ardido 350 hectáreas y el fuego se encontraba retenido. Sin embargo, el día 8 aparecieron otros cuatro focos y el día 9 seis focos más, que consolidaron dos gigantescos frentes. El día 10, el frente sur parecía controlado hasta que se descubrieron otros tres puntos el día siguiente. El día 13 el fuego estaba extinguido, pero dos días más tarde prendió un nuevo foco que fue motivo de alarma durante dos horas.

«No lo provocaron los bomberos, porque se hubiera apagado rápidamente» indicaron a este diario fuentes de la investigación. Y es que, aunque pueda parecer insólito, lo común por estos lares era que algunos fuegos fueran provocados por los propios bomberos para asegurar su existencia como cuerpo.

El primer día del incendio se había producido una situación que sigue siendo un enigma. Varios vecinos denunciaron la presencia de un hidroavión del Icona lanzando artilugios incendiarios sobre el monte. Uno de ellos, Jesús Muñoz, aficionado a los aviones, llegó a dibujarlo.

En su testimonio ante el juez David Rodríguez, otro testigo, Ricardo Muñoz Palacios, corroboró esta versión y afirmó que el hidroavión lanzó una botella blanca. El hecho se hubiera podido interpretar como una acción de lucha contra el fuego con retardantes de no ser por la hora. La avioneta, identificada con el distintivo Icona 73, estaba, según manifestó, sobrevolando la zona media hora antes de que se iniciaran las llamas.

El hidroavión en cuestión, del tipo B CANSO PBY, pertenecía a la empresa Servicios Aéreos Españoles (Saesa), propiedad de Raúl Aranda Montero, una de las sociedades más beneficiadas ese año por la Direccion General del Icona en la contratación de medios aéreos de lucha contra el fuego: 105,5 millones de los 760 millones que componían esta partida fueron a parar a Saesa. A Faasa, otra empresa aérea, le correspondieron del pastel 226 millones. Ambas tenían una característica común: estaban asesoradas por un ex funcionario del Icona, el ingeniero de montes, Luis Baz Salas.
Habitualmente, cada avión es contratado 150 horas por campaña. Las empresas obtienen la mayor rentabilidad por dos vías: con una baja utilización de los aparatos (entre 70 y 90 horas) o superando las 150 horas, ya que en este caso la Administración paga cada hora al cuádruple de su valor. Lógicamente, para que este último caso sea factible, han de producirse más incendios.

El misterio rodeó la intervención de este hidroavión del que, en un principio, el propio Icona dijo desconocer su existencia. Las primeras declaraciones de los pilotos, realizadas el día 24 de noviembre en la base de Cuatro Vientos, en Madrid, eran sospechosamente coincidentes. Así, a la pregunta de si durante el vuelo habían observado alguna anomalía, ambos -Juan María Rodríguez Canto y Manuel Moggio Jarnes, tuvieron una respuesta idéntica: «Que ante la cantidad de humo, ceniza en suspensión y abrupto del terreno no pudo observar nada extraño excepto la magnitud del incendio».

Sin embargo, nadie del personal de tierra que participó en el incendio tuvo constancia de que el Icona 73 actuara el día 7 de agosto. El guarda forestal que dirigió las primeras descargas de los aviones, Luciano González, negó haber visto el hidroavión -que procedía de la base de San Javier (Murcia)- y manifestó que «nunca se le ha dado el caso de que llegue un avión y no se ponga en contacto con él».

Según la declaración de un ingeniero, Luis Manuel del Rey, dos días más tarde, el día 9 de agosto, detectó una avioneta en la zona ajena a las tareas de extinción. Cuando requirió al piloto que se identificara, éste contestó con una «pedorreta».

En pleno desastre hubo quienes denunciaron la presencia de un incendiario en la zona. Todo apuntaba a Vicente Novo, un maderista de la localidad al que se presumía implicado.

El teléfono de Novo fue intervenido por orden judicial, pero, al margen de sus conversaciones con otros maderistas, no pudo probarse su participación en el mismo. Como tampoco pudo acreditarse la de determinados empresarios que adquirieron parte de la madera quemada.



El gran proyecto



Uno de ellos fue Edmundo Alfaro. Tras el incendio, promovió una pantomima denominada Comité de Gestión de Yeste Forestal S.L., en el que dio participación al propio alcalde del pueblo, Andrés García. El objetivo del proyecto era «la dirección de la planificación, ejecución material de las obras y explotación de una fábrica de producción de pasta de madera mecánica blanqueada para papel prensa, con el aprovechamiento, entre otros, de los productos forestales del término municipal de Yeste».
Simultáneamente, prosiguió con la firma de contratos de compra-venta de fincas, que nunca llegó a pagar. Los documentos mencionaban que el precio sería abonado a la firma de las escrituras, cuya fecha no se especificaba. De esta forma, los vendedores estaban atados. Ni cobraban ni podían utilizar la madera quemada que, a medida que pasaba el tiempo, se iba deteriorando. A Alfaro, según señaló a CRONICA un representante de varios afectados, sólo le interesaba la madera para pasta de papel.
Algunos lograron que resolviera el contrato cuando se le amenazó con una querella por estafa. La mayoría confió durante años en que acabaría pagando y pensaba que si no lo hacía era por problemas de liquidez.
El ex presidente de Fidecaya hizo una gran fiesta de presentación de Yeste Forestal y prometió el apadrinamiento de un miembro de la Casa Real. Todo se asemejaba a un timo.
Este año, Edmundo Alfaro fallecía de un derrame cerebral; en junio, las actuaciones judiciales fueron sobreseídas, a instancias del fiscal, ante la imposibilidad de atribuir a nadie la autoría del incendio. Ecologistas de Sierra Verde y de Greenpeace y cientos de vecinos quieren ahora reabrir el caso para que el desastre ecológico no quede en humo.

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